Monjas inflexibles, pueblo en ruina

tiene un puñado de calles que precisan una nueva capa de asfalto. Pero tendrán que esperar. “No podemos hacer ni una obra, porque si consignáramos dinero, la congregación nos diría: ‘No, perdona, nosotros estamos antes. Págame lo que me debes”, explica Eva Sanchis, alcaldesa del municipio. Los socavones sin solución a la vista son solo el primer paso de lo que parece venírsele encima a este pueblo de 14.000 habitantes cercano a Valencia cuya gestión había sido considerada hasta hace poco modélica. Con un presupuesto anual de 9 millones de euros, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 16 millones a las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús por un pleito, iniciado con la declaración de una zona verde, en el que todo lo que podía salir mal para los intereses municipales salió mal. En el Ayuntamiento prefieren, de momento, ni pensarlo. Pero la sombra de una intervención judicial y de una batería de medidas draconianas sobrevuela esta población, que conserva allí donde la huerta se une con la Real Acequia de Moncada la atmósfera que describió Vicente Blasco Ibáñez a finales del siglo XIX.

La sentencia ya ha frenado todas las inversiones del municipio. Puede obligar al Ayuntamiento a despedir a los profesores del conservatorio, docentes de la escuela de adultos, trabajadores sociales, psicólogos y guardas rurales. A suprimir el resto de servicios municipales no esenciales. Y a subir tributos y gravámenes como el impuesto sobre bienes inmuebles. “Pero eso lo tendrá que decidir la magistrada. Nosotros no lo vamos a hacer”, afirma Sanchis, miembro de Compromís y alcaldesa desde hace unas semanas gracias a un pacto de legislatura con socialistas y Esquerra Unida (EU).

Las monjas, como se conoce en el pueblo a las religiosas, están muy arraigadas en Godella. Gestionan un colegio, el único instituto del municipio y una residencia para hermanas ancianas. La propia alcaldesa fue alumna de quien hoy es su contraparte en el litigio: la provincial del Sagrado Corazón María Dolores Górriz, con quien este periódico ha intentado hablar sin éxito. El conflicto por la expropiación de unos terrenos en los que iba a levantarse el llamado parque de la Devesa dividió al pueblo cuando se inició, hace 24 años. Y ha vuelto a hacerlo tras la sentencia.

A un lado se sitúan los vecinos que consideran el fallo “legal pero injusto” porque las monjas nunca han dejado de poseer el terreno, que mantienen cerrado al público hasta hoy, y por la dimensión de la indemnización. Al otro, quienes creen que “el responsable de la situación fue el Ayuntamiento” y que las monjas “solo se defendieron”. Ni en un bando ni en otro agrada la idea de abonar 16 millones de euros. Pero las visiones sobre lo sucedido son irreconciliables.

Sí hubo consenso en el Ayuntamiento en 1990, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que coloreó como zona verde pública el área adyacente al colegio del Sagrado Corazón, propiedad de las monjas desde 1898. Los concejales elegidos bajo las siglas de Alianza Popular votaron a favor justo después de abandonar su partido, opuesto al documento.